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• Directores/as de federaciones internacionales de autores, intérpretes, ejecutantes y productoras de la música hacen un llamado a archivar el proyecto de ley 23.702.
• Advierten del gran impacto económico para toda la industria musical.

03/04/25 San José, Costa Rica. El pasado 3 de abril se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Asamblea Legislativa en la que altos jerarcas de las organizaciones internacionales y nacionales que representan a compositores, intérpretes y ejecutantes de la música, así como a las productoras musicales, expusieron su rotunda oposición al proyecto de ley 23.702 que se discute actualmente en el poder legislativo. 

El proyecto de ley 23.702 impulsado por el diputado Eli Feinzaig y Leslye Bojorges titulado “Alivio de costos para los establecimientos comerciales”, se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos y pretende la completa eliminación del pago de las licencias por el uso de la música en todos los establecimientos comerciales del país. 

Adriana Restrepo, Directora Regional de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), afirmó que este proyecto de ley es un grave error que impedirá que los miles de autores y compositores reciban un pago justo por el uso de sus obras en comercios, “tienen derecho a realizarse y a vivir de esta industria, que además mueve la economía y que genera miles de empleos. Argumentar que para aliviar las cargas económicas de un sector se escoge que la música no tiene valor… no se vale, es absurdo que un restaurante pague por el licor y la comida y no pague por la música que forma parte de la cadena de valor de su negocio”.

De acuerdo al compositor Luis Cobos, Presidente de la Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE), el reconocimiento a la propiedad intelectual de las obras musicales se da en Costa Rica hace más de 30 años y se ha logrado a través de la firma y la ratificación de Convenios Internacionales que le permiten a las organizaciones de gestión colectiva de todo el mundo, recaudar los recursos económicos por el uso de estas obras y distribuirlos entre los autores, intérpretes, ejecutantes y las productoras, “este proyecto rompería con todas esas leyes internacionales y afectaría gravemente a todo el sector”.

Para Gadi Oron, Director General de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), “este proyecto no debería ser aprobado porque legalmente expone a Costa Rica a procesos legales en la Organización Mundial del Comercio, por eso no hay leyes de este tipo en otros países porque violentan leyes internacionales, pero además de lo legal hay un asunto moral, lo que se recauda por el uso de la música es el principal ingreso de la mayoría de compositores y autores, se puede decir que es el salario del artista y proyectos como este les dejarían sin esos ingresos”.

Los presidentes y directores de las entidades nacionales de gestión colectiva de la música, ACAM, AIE y Fonotica, también estuvieron en la conferencia de prensa e hicieron un llamado a las y los legisladores a archivar esta iniciativa de ley. Edín Solís, presidente de ACAM señaló que “les estamos diciendo a los diputados que analicen muy bien lo que están haciendo, porque están favoreciendo a los centros comerciales quitándole los derechos a los creadores de la música y debería existir ese equilibrio, todos hacemos trabajo importante, el trabajo de los artistas es también tan importante como el de quien tiene una soda o un restaurante”.

Otros representantes internacionales hicieron eco del llamado a no aprobar este proyecto de ley y aportaron ejemplos sobre legislaciones de otros países en los que más bien se apoya al sector musical y al consumo de música nacional, como el caso de Chile y Brasil. 

Finalmente, las y los panelistas señalaron la obligación del Estados de proteger y defender los derechos de quienes crean, interpretan, ejecutan y producen la música, como un elemento tan fundamental en todas las sociedades.